Corrupción de Menores: Excarcelan a Bernardi

Viedma.- Los Jueces Subrograntes de la Sala “B” de la Cámara en lo Criminal de Viedma, Gustavo Guerra Labayén, Rolando Gaitán y María Luján Ignazi, resolvieron por unanimidad, hacer lugar al recurso de apelación deducido por la defensa y conceder el beneficio de la excarcelación bajo caución juratoria a Juan Antonio Bernardi.

Asimismo impuso las siguientes restricciones: a) informar el domicilio donde el imputado habrá de fijar su residencia habitual y donde pueda ser ubicado cuando sea requerido; b) presentarse una vez por semana en la unidad policial que corresponda a su domicilio; c) abstenerse de acercarse y/o tomar contacto por cualquier medio, por sí o por interpósitas personas, con la víctima y los testigos de la causa principal. La Cámara resolvió en la fecha sólo el recurso de excarcelación, cuya sentencia se adjunta.

SE ADJUNTA SENTENCIA COMPLETA SALA B:

Viedma, 22 de junio de 2015.-

VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: “BERNARDI JUAN ANTONIO; ANTUEQUE JULIO CÉSAR Y PERALTA FABIÁN EDUARDO S/ INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN S/ APELACIÓN”, Expte. N° 1VI-14527-P2015, puestas a despacho para resolver y,
CONSIDERANDO:

—– 1.- Que llegan las presentes actuaciones a esta instancia a raíz del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Juan Antonio Bernardi contra la resolución dictada por el señor Juez de Instrucción que rechazó el pedido de excarcelación previamente formulado por la misma parte (fs. 5/6 y vlta.).

—– En oportunidad de la audiencia del art. 426 del C.P.P., los señores defensores doctores Maximiliano Rusconi y Manuel Maza ejercieron la opción de informar verbalmente. En esa ocasión, argumentaron que se omitió brindar una justificación sostenible para limitar la libertad ambulatoria, aun cuando se pretendió dar cierta fundamentación al aludir a los “contactos” del imputado por su condición de Juez de Cámara. Recordaron que la prisión preventiva exige dos presupuestos: temor de obstrucción -en caso de que, estando en libertad, el imputado tuviera chances de interferir en el desarrollo eficaz de la investigación- o de fuga. Destacaron que lejos estuvo su asistido de interferir en el curso normal del proceso, toda vez que constantemente propuso medios de prueba, aun cuando ello ni siquiera es un deber del imputado. Entendieron además que es un error considerar la cuantía de la pena en expectativa a los efectos de la prisión preventiva, al tiempo que pusieron de manifiesto que su representado es una persona conocida, que tiene el pasar económico dado por su remuneración mensual, y que tener capacidad de fuga no implica necesariamente la posibilidad de fugarse, máxime cuando ello comportaría que no recibiera más aquello que le da precisamente ese buen pasar. Cuestionaron también que se valorara en contra del imputado su paso sin custodia por el Juzgado Correccional en el momento de presentarse a prestar declaración indagatoria, en razón de que entonces conservaba su condición de magistrado. Sostuvieron finalmente la total ausencia de riesgo procesal, a cuyos efectos pusieron de resalto que el expediente mismo daba cuenta de la ausencia de influencia de parte de su asistido en la investigación, y recordaron que toda medida de esta naturaleza exige tanto riesgo como verosimilitud.

—– Agregaron que la prisión preventiva es factible, pero el principio rector es la libertad durante la tramitación del proceso, principalmente cuando la primera garantía es permitir el derecho de defensa en libertad, pues la dignidad de las personas requiere colocar al acusado en igual situación que la relativa a quienes acusan. Citaron jurisprudencia y doctrina en apoyo de su pretensión e hicieron reserva de ejercer las vías recursivas extraordinarias ante el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

—– Corridos los respectivos traslados, a fs. 80/82 respondió la señora Defensora de Menores y a fs. 83/97 hizo lo propio el señor Fiscal de Cámara.

—– En lo pertinente, la doctora Patricia Arias sostuvo que correspondía confirmar la medida de restricción de la libertad del imputado fundada por el señor Juez a quo, en razón de que no podía soslayarse la preocupación compartida en las declaraciones efectuadas en cámara Gesell por las menores C.T., M.G. y B.D. referidas a la participación en los hechos investigados en estos autos de “personas del poder” y al temor expresado por ellas de que pudiera pasarle algo a las amigas; en particular, la señora Defensora se refirió a lo expresado por B.D. en el sentido de que los jueces tienen mucho poder y que tiene miedo de que le pase algo (fs. 82).

—– Por su parte, el doctor Hernán Trejo también se expidió en forma negativa con respecto al otorgamiento del beneficio. En este sentido, expresó que la prisión preventiva resulta ser una medida cautelar de carácter excepcional, fundada esencialmente en la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de la administración de justicia y la protección de la víctima y los testigos. Así, continuó, se establece la necesidad de su dictado cuando se encuentra en riesgo el éxito de la investigación o la posibilidad de que el imputado pudiera evadir el accionar de la justicia o amedrentar a los testigos.

—– Manifestó que en el caso de autos el juez a quo valoró debidamente la prueba y fundó en los hechos y el derecho la existencia de riesgos procesales que habilitan la aplicación de la prisión preventiva. En ese orden de ideas, sostuvo que las víctimas y los testigos han manifestado clara y directamente temor en virtud del poder de las personas acusadas. De hecho -continuó-, ese poder y los contactos del imputado han sido los factores que prevalecieron a la hora de que las víctimas y los testigos pudieran declarar. Por otra parte -agregó-, todas las testigos con temor son jóvenes provenientes de hogares disfuncionales, con un historial previo de institucionalización y extrema vulnerabilidad.

—– Por último, estimó que la materialidad del hecho reprochado a Bernardi se encuentra debidamente comprobada con la prueba testimonial, por lo que consideró acreditadas las mínimas pruebas de culpabilidad que dan razón a la aplicación de la medida cautelar, la que además resulta racional toda vez que con su mantenimiento se evita el peligro de afectación a las víctimas y los testigos.

—– II.- Que, ingresando en el estudio de la cuestión propuesta, corresponde comenzar señalando que el Superior Tribunal de Justicia ha establecido la doctrina legal aplicable en orden a la fundamentación necesaria para disponer o mantener una medida cautelar respecto de la libertad de los imputados antes de la sentencia final de la causa. Así, en los autos “PÉREZ CASAL” (Se. 32 del 27.04.06); “PILQUIMAN” (Se. 63 del 12.06.06); “FERNANDEZ” (Se. 136 del 14.09.06), entre otras, dejó aclarado que la temática involucrada se encuentra regulada por normas del Código Procesal Penal, en particular, los arts. 1, 3, 293, 294 y 295, y otras de jerarquía constitucional, tales como los arts. 18 de la Const. Nac. y 7 inc. 5 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estas últimas de carácter operativo, aplicables aun en defecto de la legislación interna, para lo cual resultan una referencia insoslayable los fallos de los Tribunales de Derechos Humanos interpretativos de tales normas.

—– En ese marco de análisis, en los precedentes citados el Superior Tribunal definió con precisión que el único encarcelamiento previo que cabe disponer es el que responde a razones de cautela, pues la restricción de la libertad se justifica en los límites estrictamente necesarios para asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no se eludirá la acción de la justicia.

—– Así, en el precedente “PEREZ CASAL”, el Superior Tribunal citó jurisprudencia de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional in re: “CHABÁN” (del 13.05.05) donde se dijo: “… el principio rector para decidir privar o no a una persona de su libertad durante la tramitación del proceso penal es lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización de los peligros procesales que atentan contra ese fin. En esa etapa, la del juicio, es donde se decidirá acerca de la culpabilidad o inocencia de un imputado y, consecuentemente, sobre su eventual condena o absolución producto de la sentencia que se debe dictar como conclusión… Por ese motivo, las medidas de coerción que se puedan adoptar respecto de una persona imputada de haber cometido un delito antes del dictado de la sentencia deben tener siempre carácter excepcional y solo se justifican en la neutralización de los peligros aludidos: de fuga o de entorpecimiento de la investigación”.

—– Señaló que incluso los elementos que se encuentran expresamente establecidos en la ley deben interpretarse como pautas orientadas a ese fin, tal como sucede con la gravedad del delito o cualquier circunstancia procesal según la cual pueda estimarse que, en caso de recaer condena, la pena será de cumplimiento efectivo, porque así se genera una presunción de que el imputado podría intentar sustraerse a la acción de la justicia en la medida en que la aludida estimación podría afectar su voluntad de esperar el pronunciamiento final. En ese orden de ideas se dijo que, «si bien… este es un parámetro razonable para ello, no puede estimarse como una presunción ‘iure et de iure’ indicativa de tal voluntad de sustracción, pues se estaría sujetando el derecho constitucional de la libertad a una única presunción abstracta, en desmedro de otras que podrían indicar lo contrario». Y seguidamente se expresó: «… aquel parámetro es razonable, pero no adecuado por sí solo para fundar una suerte de regla general para la imposición o el mantenimiento de una detención cautelar, con lo que constituiría -en rigor- una presunción ‘iuris tantum’ que cede ante la constatación de otros datos, cuya ponderación sea opuesta a la primera y demostrativos de su innecesariedad. De tal modo, la conclusión deja de ser un razonamiento mecánico y se transforma en un llamado a la prudencia y la responsabilidad del juzgador para valorar la totalidad del expediente» (STJRNSP in re: «Incidente de exención de detención en favor de CASTILLO», Se. N° 98 del 08.08.06).

—– III.- Que, examinado el caso de autos a la luz de la doctrina previamente referenciada, cabe sostener que no existe -y tampoco ha sido invocado por el señor Juez de Instrucción- ningún elemento que razonablemente permita vislumbrar la existencia de riesgo de fuga. En efecto, de las constancias obrantes en el expediente principal -que se tiene a la vista en razón de que simultáneamente con el presente se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto de procesamiento- surge que el aquí imputado Juan Antonio Bernardi se ha mantenido a derecho en todo momento. Más aun, estando anoticiado del dictado de la prisión preventiva y de la fecha en que se reuniría el Consejo de la Magistratura para los fines del tratamiento del pedido de desafuero solicitado por el Juez de Instrucción como paso previo para la efectivización de la medida, aguardó el resultado de ese trámite y en la misma fecha en que el Consejo resolvió quitarle sus fueros como magistrado se presentó voluntariamente para acatar la medida restrictiva de su libertad personal, situación que persiste hasta el presente.

—– Tampoco se avizora una abierta intención de entorpecer el curso de la investigación que pudiera surgir del análisis de la actitud asumida por el imputado durante el desarrollo de la presente causa. En efecto, las constancias agregadas al expediente principal permiten descartar objetivamente que hubiera obstruido la recolección de pruebas o el normal desarrollo de los procedimientos dispuestos por el Juez de Instrucción.

—– En este mismo orden de ideas relativo al peligro procesal se inscribe el análisis del temor manifestado por quien habría sido víctima de los hechos que se investigan en la causa principal como así también por otras menores que revisten la calidad de testigos. Al respecto, cabe señalar que tal sentimiento es comprensible dadas las edades y demás circunstancias personales y sociales de las menores y del juez imputado, que se traducen en las diferencias de lugar que unas y otro ocupan en el entramado de relaciones de poder que organizan toda sociedad. No obstante, no existen elementos objetivos que autoricen a inferir la existencia de alguna situación de riesgo cierto para la integridad física de las primeras derivado de la permanencia en libertad del imputado mientras se sustancia el proceso seguido en su contra.

—– Sin perjuicio de la consideración que antecede, el análisis de las constancias incorporadas en la causa principal no permite descartar la idea de que, aun cuando ese no haya sido el propósito buscado, el temor pudo haber sido infundido en algún caso por quienes tomaron participación en el desarrollo del proceso. Tal lo que surge del informe social efectuado a S.F., de catorce años de edad, donde se deja constancia de habérsele explicado a la madre de la menor que la decisión de trasladarlas con tanta urgencia a otro lugar se debía a que, «como hay hombres con mucho poder metidos en la causa, se decidió proteger a todas las chicas…» (fs. 275 vlta. del Incidente de Apelación del Auto de Procesamiento).

—– En cuanto a que el mayor poder del imputado -entendido en términos de mayores recursos económicos o mayores influencias- pueda resultar un factor determinante para frustrar el cumplimiento de los fines del proceso en orden a la obtención de la verdad, cabe señalar que la relación procesal no se establece entre el imputado y la víctima y/o los testigos, sino entre aquel y el representante del Ministerio Público Fiscal, en su condición de titular de la acción pública, que con todos sus recursos debe velar por el éxito de la investigación, lo que incluye la posibilidad de requerir y adoptar las medidas que considere pertinentes para proteger, acompañar, asesorar, a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

—– Por lo demás, si fuera el caso de que el riesgo recayera en la posibilidad de incidir en la voluntad ajena por cualquier medio, entonces debería asumirse que esa situación no podría ser evitada por la mera restricción de la libertad de Bernardi, teniendo en cuenta que de todos modos no se encuentra incomunicado.

—– Por último, cabe computar la existencia de un elemento que, en los términos de la doctrina del Superior Tribunal de Justicia supra citada, debe ser valorado a favor del imputado al momento de decidir su excarcelación. Tal es el “arraigo” de este en la localidad, donde mantiene su domicilio, posee propiedades, mantiene una relación de pareja y tiene un hijo menor en edad escolar y otro mayor cuya madre ha fallecido, circunstancias todas estas conocidas por los suscriptos por tratarse el imputado de una persona con una larga trayectoria en este Poder Judicial.

—– Las razones hasta aquí expresadas adelantan un pronunciamiento favorable al acogimiento del recurso de apelación y, consecuentemente, al otorgamiento de la excarcelación, con la restricciones que seguidamente habrán de explicitarse, bajo apercibimiento de revocar el beneficio en caso de incumplimiento: a) informar el domicilio donde el imputado habrá de fijar su residencia habitual y donde pueda ser ubicado cuando sea requerido; b) presentarse una vez por semana en la unidad policial que corresponda a su domicilio; c) abstenerse de acercarse y/o tomar contacto por cualquier medio, por sí o por interpósitas personas, con la víctima y los testigos de la causa principal.

—– En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la defensa a fs. 10 y conceder la excarcelación al imputado Juan Antonio Bernardi, la que se efectivizará bajo caución juratoria (art. 296, párrafos primero y tercero -a contrario sensu- del C.P.P.) y sujeta a las restricciones señaladas en el párrafo precedente.

—– Por ello,

LA SALA “B” DE LA CÁMARA EN LO CRIMINAL DE VIEDMA

R E S U E L V E

Primero: Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la defensa a fs. 10 y conceder el beneficio de la excarcelación bajo caución juratoria a Juan Antonio Bernardi.

Segundo: Imponer las siguientes restricciones: a) informar el domicilio donde el imputado habrá de fijar su residencia habitual y donde pueda ser ubicado cuando sea requerido; b) presentarse una vez por semana en la unidad policial que corresponda a su domicilio; c) abstenerse de acercarse y/o tomar contacto por cualquier medio, por sí o por interpósitas personas, con la víctima y los testigos de la causa principal.

Tercero: Registrar, protocolizar, notificar y comunicar a quien corresponda.

Justicia Río Negro