El Limardogate o las miserias del poder

Viedma (VyP).- El ex funcionario del Ministerio de Gobierno Gabriel Limardo, fue finalmente procesado por el juez Mussi por estimarlo autor penalmente responsables del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública Provincial en la causa que se le iniciara luego de que se hiciera público la designación de tres supuestas funcionarias y posteriormente la incorporación de once personas que habrían aparecido cobrando como empleados públicos del Servicio Penitenciario provincial.

Cuando Carlos Soria llega al gobierno en diciembre de 2011, asume junto a él un gabinete representativo de sus convicciones políticas y los poderes territoriales que conformaban el vasto tejido que le permitió ganar las elecciones de aquel 25 de septiembre, desplazando al radicalismo que había conducido los destinos de Río Negro durante 28 años.

El peronismo de Viedma tenía varios capitanes, pero uno sobre todo se había tomado el trabajo de conformar un grupo de jóvenes profesionales que sumaría como estructura de Gobierno. Hugo Lastra, fue el primer secretario General de la Gobernación que acompañó al nuevo Gobernador y el titular del semillero capitalino.

En marzo del mismo año y aunque ya la tragedia había atravesado al nuevo gobierno poniendo en el timón al compañero de fórmula y extrapartidario Alberto Weretilneck, desde la comandancia de Hugo Lastra y con la firma de una de sus jóvenes discípulas, María Gabriela Mercapide, se filtró un listado de empleados contratados con sus datos y dirección además de su condición de afiliados a partidos políticos. Al lado de los radicales se indicaba que NO debían renovárseles los contratos de trabajo.

Hugo Lastra reemplazó luego a Edgardo Bagli en el Ministerio de Gobierno a donde trasladó a la mayoría de sus jóvenes seguidores e incorporó a otros. Así llegó Gabriel Limardo a este organismo y permaneció aún cuando Lastra fuera eyectado.

Gabriel Limardo trabajaba para una empresa de limpieza con domicilio en Bahía Blanca y con ella hacía esos trabajos para grandes empresas como supermercados, pero también el propio Estado que en muchos casos terceriza el servicio.

Como funcionario de gobierno, a Gabriel Limardo, los procesos licitatorios se le hacían más amables y la suerte lo beneficiaba con mejores oportunidades que sus competidores.

Gabriel Limardo, ni lerdo ni perezoso, arma su propia empresa de limpieza que pone a nombre de su mujer, Jésica Lago, seguramente en la convicción de que si la suerte lo beneficiaba en las licitaciones pero el usufrutuo era para sus patrones bahienses, ¿porque no conservar para si esa fortuna?

Gabriel se volvió así competencia para sus propios empleadores que no dudaron en demandarlo por deslealtad comercial, pero antes, engolosinado, encontró otra forma de potencias su nuevo negocio.

El costo más alto de una empresa es sin lugar a dudas el laboral y el joven dirigente del PJ viedmense encontró el modo de abaratarlo, así, Myriam Nomí Mamani, Olga Amalia Asaroff, y Silvana Ayelén Traipe se convirtieron en funcionarias del Ministerio de Gobierno aunque en realidad eran empleadas de la empresa que a nombre de Jésica, dirigía Limardo. Las tres sabían lo que ocurría y por ese motivo quedaron igualmente procesadas.

Ventajas en las licitaciones y gastos que corrían por cuenta de los rionegrinos.

El ejercicio de la política tiene gastos que los bolsillos de los políticos no pagarán, así que una vez descubierto el pozo petrolero, Limardo no tuvo más que facilitar nombres de otras empleadas de la empresa de limpieza de su mujer Jésica Lago, para que haciéndolas figurar como empleadas del Servicio Penitenciario Provincial, en ese momento dependiente del ministerio de Gobierno, generaran el ingreso mensual de por lo menos siete sueldos.

A Angel Luis Avaca, Felisa Yolanda Hernandez, Viviana Beatriz Quiñenao, Elisa Ester Quiñenao, Guillermo Claudio Rezzonico, Tiago Gregorio Hernandez y Florencia Noemi Traipe el Juez les dictó la falta de mérito porque eran ignorantes de lo que hacían sus empleadores en la empresa de limpieza.

El primer juez de la causa, Guillermo Bustamante estaba a la espera de ascender a Camarista por lo que no habría solicitado nunca las filmaciones de los cajeros automáticos en los que mes a mes alguien cobraba esos sueldos. Casi un año después, este “olvido” imposibilitará conocer la ruta del dinero que habría llegado a manos más importantes del Poder.

Cuando se hizo público el caso, Gabriel Limardo revistaba como funcionario del actual Ministro de Gobierno Luis Di Giácomo y también por encima de él estaba el ex secretario de Gobierno y ahora Juez de competencia electoral Ariel Galinger quienes no habrían podido advertir que en lugar de 10 funcionarios, autorizaban el pago de sueldos a 13 funcionarios.

Guillermo Bustamante y Ariel Gallinger son amigos personales al punto de que ambas familias viajan juntas.

Como ocurre en estos casos, es mucha la gente que sabía de esta maniobra por que el imperativo de “hacer caja” para pagar los costos extras de la actividad política o para amueblar el departamento o cambiar el auto, finalmente está tan naturalizado que el Limardogate debería ser percibido más como un llamado de atención a los ciudadanos complacientes que a los propios corruptos. (VyP)