Fiscal cuestiona elevación a juicio de la causa por saqueos

Bariloche.- El fiscal de Cámara, Carlos López, planteó un “desacuerdo fundamental” con la requisitoria de elevación a juicio de la causa, por “pruebas insuficientes para fundar la acusación” contra los cinco procesados por los saqueos de diciembre de 2012. El juicio se realizará con otro fiscal.

El Fiscal de Cámara, Carlos López, planteó sus reparos y críticas a los términos de la requisitoria de la elevación a juicio de la causa por los saqueos de 2012. Cuando promediaba el mes de noviembre de 2014, el Juez de la causa, Marcos Burgos, cerró la instrucción y elevó a juicio la causa que tiene como procesados a Miguel «El Mohicano» Mansilla, Haydeé Grande, José Ramón Paredes, Giselle Poblete y Catalina Lineros.
Los imputados habían sido procesados por el Juez Ricardo Calcagno, quien incluso los mantuvo detenidos preventivamente durante ocho meses.
Ahora, el fiscal de Cámara, Carlos López, planteó un “desacuerdo fundamental” -figura establecida en el Código Procesal Penal- por considerar que no existen pruebas suficientes para fundar la acusación contra los cinco imputados.
Burgos resolvió elevar la causa a juicio, luego de desestimar los planteos de nulidad y oposición interpuestos por la abogada defensora, Marina Schifrin.
Con esa mirada contrapuesta de López, el fiscal de grado, Sergio Pichetto, encabezará la acusación en el futuro juicio oral. La causa está caratulada delito de “robo agravado en poblado y en banda” y de “amenazas y uso de arma impropia”, por los disturbios sociales generados en supermercado Chango Más.
Schifrin interpretó el cuestionamiento del fiscal López como un avance para “cesar la persecución estatal” de los cinco imputados. “El Estado no debe perseguir el delito, porque no lo hay”, sostuvo, en diálogo con ANB.
La letrada explicó que “para López la acusación no está bien formulada, o bien las pruebas aportadas no coinciden con ella”.
En tanto, Schifrin brindó conceptos claros sobre los hechos que se replicaron en otros puntos de la ciudad y del país, y derivaron en la remoción del ex Intendente, Omar Goye. “Había una crisis social, y estas cinco personas fueron el chivo expiatorio. No se sostiene la acusación, ellos (la Jusitica, el contexto político, parte de la sociedad) querían encontrar una banda que hubiera organizado todo, pero no fue así”, señaló.
Recordó además, que los cinco imputados fueron “encarcelados, perseguidos y estigmatizados”. Incluso, “algunos medios los demonizaron”, criticó la abogada.
Sobre un mismo eje, Schifrin apuntó directamente al poder político como “incitador” de la persecución estatal. “Se trabajó muy mal, existió injerencia del Gobierno cuyos planteos se incluyeron en el expediente», dijo.
Consultada sobre si el recambio de autoridades previsto por las elecciones 2015 podría modificar el contexto político que -de acuerdo al análisis de Schifrin- propició la causa, la letrada respondió de manera tajante: “Gane quien gane será lo mismo. Todos son integrantes del Frente para la Victoria. Porque el Gobernador (Alberto Weretilneck), en ese momento, comulgaba con esa fuerza. Es lo mismo, es la misma responsabilidad. Tienen la misma mirada sobre la criminalización de la protesta y de la pobreza”.
La abogada entendió que los cinco presos políticos “ahora son procesados políticos”.
Sobre una posible reparación del Estado, Schifrin definió: “Esto es irreparable, teníamos razón, siempre sostuvimos que esto era una persecución”. En ese sentido, la abogada recalcó que “ninguno se fugó en estos casi dos años de libertad. La prisión preventiva se instrumenta siempre con los sectores populares. Son inocentes”, subrayó.
E ironizó finalmente: “Nunca les encontraron un televisor, ni nada. Si en algún allanamiento se encontró un comestible hay que analizar si es punible”. (ANB)