Huentelaf y Acosta a dos minutos de zafar del Juicio político

Viedma.- La Comisión Acusadora de la Legislatura se reúne mañana, pero dos miembros, Betelú y Casadei, se pronunciarían por el rechazo, argumentando cuestionamientos al procedimiento.
Mañana, el enjuiciamiento político a los miembros del Tribunal de Cuentas podría pasar al archivo después de un sorprendente cambio de actitud de la Comisión Acusadora, dominada por el oficialismo. Ese cuerpo se reunirá para resolver si acepta o desestima la acusación del exlegislador Daniel Cortés pero, reunido el viernes, ya se detectaron inesperadas alteraciones en la proclamada dirección del gobierno de Alberto Weretilneck.

Mañana vence el plazo de resolución por parte de la Comisión, que preside Tania Lastra, en relación con las acusaciones presentadas contra los vocales del Tribunal, Juan Huentelaf y Érika Acosta. Hasta ahora se descontaba la apertura del enjuiciamiento, porque el oficialismo tenía unanimidad en ese cuerpo acusatorio y era innegable el enfrentamiento del gobierno con esos miembros del órgano de control.

Días atrás, Lastra dijo a «Río Negro» que «existían elementos suficientes para ratificar la denuncia de Cortés». La apertura del juicio se sostenía con la acusación de la comisión, integrada por Lastra, Roxana Fernández y Leandro Tossi del FpV, y los radicales aliados, Adrián Casadei y Alejandro Betelú. Ese trámite frente a la Sala Acusadora significaría la suspensión provisoria de Huentelaf y Acosta.

La comisión se reunió y la postura de Betelú y Casadei se habría orientado al rechazo de la acusación, argumentando cuestionamientos al procedimiento adoptado. Ese dictamen de archivo podría ser en minoría ya que el oficialismo mantiene la mayoría en la comisión. Pero, según lo que se advirtió el viernes, los legisladores oficialistas habría perdido impulso en su accionar contra los vocales del Tribunal. Obviamente, cualquier decisión del enjuiciamiento político responderá al mandato del gobernador.

El año pasado se desató la disputa entre el Tribunal y el gobierno, a partir de que el gobernador avanzó en el recorte de sus salarios y, en contrapartida, el órgano de control profundizó sus investigaciones, alcanzando juicios administrativos por falta de rendición de gastos reservados en la Legislatura, entre otros expedientes.

Ayer, Lastra afirmó que «la resolución se definirá el lunes, cuando vence el plazo». La legisladora mantiene su ofensiva y es lógica ya que, desde un principio, afrontó ese protagonismo por el oficialismo en la disputa con el Tribunal. Incluso, formalizó una denuncia penal contra Huentelaf por lesiones tras un cruce en el hall de la Legislatura.

La denuncia de Cortés, un ex legislador al que el Tribunal lo investiga por el manejo de gastos reservados, está centrado en que Huentelaf y Acosta violentaron las normas para percibir remuneraciones indebidas a partir del «dictado de resoluciones internas que violentan las disposiciones constitucionales y legales».

Consideró que se «violentó el límite de la Constitución provincial y la ley 2747. Al imponer este nuevo e ingenioso método de liquidación, un miembro del TC, con escasa antigüedad, percibe una remuneración muy superior a legislador».

La denuncia de la Comisión en la Sala Acusadora originaría el enjuiciamiento y, además, los acusados quedarían «suspendidos en sus funciones, sin goce de sueldo» (artículo 155 de la CP), tras lo cual, el fallo final corresponderá a la Sala Juzgadora «antes de los 30 días» (art. 157). El oficialismo, en principio, no tiene mayoría en la sala Juzgadora, a diferencia de la Acusadora.

Fuente: Diario Río Negro