Justicia revoca locaci贸n de bienes de Tres de Mayo a favor de Autobuses Santa Fe

Bariloche.- La representaci贸n de la empresa intervenida apel贸 la Resoluci贸n judicial que autorizaba a Autobuses Santa Fe a operar con los bienes de la ex concecionaria. Seg煤n pudo saber ANB, la C谩mara Civil fall贸 a su favor, y revoc贸 la locaci贸n compulsiva. Para los Jueces, el Municipio actu贸 como un 芦virtual gestor de negocios禄 de Autobuses Santa Fe.

Revocaron la locaci贸n compulsiva de bienes de Tres de Mayo a favor de Autobuses Santa Fe. La C谩mara en lo Civil, Comercial y Miner铆a de Bariloche, fall贸 a favor de la representaci贸n de la empresa Tres de Mayo en la intervenci贸n judicial, dictada sobre la firma. La sindicatura hab铆a apelado la Resoluci贸n del Juez Civil de Primera Instancia Cristian Tao Anzo谩tegui -del pasado 22 de diciembre- que autoriz贸 a Autobuses Santa Fe a operar con bienes -unidades, talleres y boca de combustible- de Tres de Mayo, a cambio de un canon.

La C谩mara integrada Edgardo Camperi, Carlos Cuellar y Emilio Riat, defini贸 revocar esa autorizaci贸n que obligaba a Tres de Mayo -concursada- a alquilar sus bienes a Autobuses Santa Fe, seg煤n figura en un fallo al que accedi贸 ANB.

El argumento del fallo inicial -en consonancia con el pedido del Ejecutivo municipal y la intervenci贸n judicial, fue la 芦urgente necesidad de prestar el servicio de transporte urbano禄 a partir del 1 de enero de este a帽o, pero fue refutado por la Justicia.

La C谩mara consider贸 que 芦en este caso, se trata de cuestiones evidentemente at铆picas para el tr谩mite concursal que podr铆an afectar el derecho de defensa de modo irreparable ya que, seg煤n la versi贸n de los recurrentes, se habr铆a impuesto la celebraci贸n de un contrato a instancias de un tercero y no de la concursada, ni de su administradora, ni de la sindicatura; a la vez que se habr铆a dispuesto una incautaci贸n indebida de bienes禄.

Por lo tanto, 芦el 煤nico sujeto que pod铆a instar la autorizaci贸n de actos era la deudora (Tres de Mayo) o, a lo sumo, la administradora judicial en virtud de la intervenci贸n禄.

No obstante, 芦esa autorizaci贸n fue instada por el Municipio, quien, adem谩s de carecer de legitimaci贸n procesal aut贸noma, carec铆a tambi茅n de personer铆a para peticionar en nombre del tercero cocontratante con el cual se habr铆a de celebrar el contrato 聯autorizado, dado que el Municipio inst贸 una contrataci贸n en la que no ser铆a parte禄, analizaron los magistrados. De modo que en este caso 芦no hubo petici贸n de la deudora ni de su administradora -omisi贸n suficiente para revocar la medida-, ni tampoco del tercero cocontratante禄.

En vez de una autorizaci贸n, fue una 芦imposici贸n violatoria del derecho constitucional de propiedad, la defensa en juicio y la libertad contractual禄, entendieron los jueces.
芦Una imposici贸n de tal tipo que obliga a ceder el uso y goce de los bienes contra la voluntad de su titular vulnera sin dudas el derecho de propiedad禄, subrayaron en el fallo.

A la vez, lo resuelto 芦tambi茅n vulnera la libertad de contratar y al derecho de defensa, porque impone judicialmente una contrataci贸n no instada por el 煤nico titular del derecho a contratar, cuando la garant铆a del debido proceso debe respetarse en todo tipo de procedimientos judiciales禄.

芦Tampoco se ha justificado con el rigor necesario que el negocio 聯autorizado聰 sea conveniente para continuar 聯las actividades del concursado (el servicio de transporte urbano de pasajeros) y la protecci贸n de los intereses de los acreedores禄, plante贸 la C谩mara Civil. 聰

芦Dar en locaci贸n sus bienes m谩s importantes impide (a Tres de Mayo) justamente seguir prestando esa actividad, sea en virtud de las mismas concesiones o de cualesquiera otras. La actividad de la concursada no ha sido en absoluto la obtenci贸n de rentas locativas; ha sido el trabajo, la prestaci贸n efectiva de un servicio p煤blico禄.
芦Para colmo -agregaron los magistrados- los bienes se dar铆an en locaci贸n a una sociedad que aspirar铆a a desplazarla en la concesi贸n de esta ciudad; es decir a una competidora letal. En ese contexto y desde el punto de vista concursal, parece ingenuo suponer que la entrega de los bienes a la competidora pueda convenir a la concursada y a todos sus acreedores. Sin esos bienes, la concursada ya no podr谩 aspirar a ninguna concesi贸n, ni a prestar con ellos otros servicios productivos. Con otros t茅rminos, implicar谩 una rendici贸n decidida parad贸jicamente en el seno del mismo concurso preventivo y contra su voluntad, con el ir贸nico fundamento de continuar la actividad禄.

Adem谩s plantearon que 芦est谩 claro que la 煤nica favorecida con tal contrataci贸n ser铆a la propia Municipalidad (adem谩s, eventualmente, de la competidora cocontratante) porque la locaci贸n resolver铆a al menos moment谩neamente las dificultades que denuncia en la prestaci贸n del servicio p煤blico local禄.

Para los magistrados, 芦son atendibles los agravios de la sindicatura relativos a la falta de petici贸n por parte de la concursada o la administradora, la extralimitaci贸n del 贸rgano jurisdiccional en la decisi贸n tomada, y la indebida justificaci贸n de la conveniencia禄.

Agregaron que 芦el Municipio debe resolver en sede administrativa y en virtud de su autoridad concedente todo lo relativo a la concesi贸n del transporte p煤blico, ya que eso no compete ni por cercan铆a al concurso preventivo禄.

En lo relativo a la autorizaci贸n concedida, 芦se ha visto que la Municipalidad pretend铆a que el juez concursal se involucrara indebidamente en el servicio de transporte p煤blico y dictara una resoluci贸n que garantizara su prestaci贸n. Ahora, en cambio, son la sindicatura y la concursada quienes han propuesto que el juez concursal resuelva indebidamente que la decisi贸n administrativa relativa a ese servicio ha sido irregular y debe incumplirse. Es evidente que todo este farragoso y equ铆voco procedimiento, err谩tico desde el inicio, ha sido tentador para perder una y otra vez el rumbo olvidando cu谩l es el objetivo y cu谩l la competencia estricta del concurso preventivo禄.

En ese marco, los jueces criticaron que el municipio vino 芦actuando como un virtual gestor de negocios de dicha empresa禄. (ANB)