Ordenan al Ejecutivo abordar y ocuparse de situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes

Viedma.- El juez Sergio Barotto hizo lugar al amparo interpuesto por la Defensora de Menores e Incapaces de la IIda. Circunscripción Judicial, Alicia Terraza y ordenó al Poder Ejecutivo provincial, –
Ministerio de Desarrollo Social- que proceda a:

I.- Abordar y ocuparse inmediatamente, en los términos y alcances de la legislación vigente, de todas aquellas situaciones de vulnerabilidad que pesen sobre niños, niñas y adolescentes, habitantes de las localidades de Allen, Villa Regina y General Roca, y de sus respectivas zonas de influencia. Dicho abordaje y asistencia inmediata deberán serlo respecto de las situaciones denunciadas en autos en la demanda y sus respectivos Anexos, como así también en relación a todos aquellos otros casos presentados posteriormente y que integren las “listas de espera” vigentes en cada Delegación local ministerial al momento de notificación de la presente Sentencia.

Las acciones ordenadas precedentemente deberán ser acreditadas en autos, en cuanto a efectivización de las mismas, dentro del término de sesenta (60) días de notificada la presente, oportunidad en la cual se deberá especificar y detallar:
1.- Metodología empleada en el abordaje de todos y cada uno de los casos.
2.- Individualización de los técnicos y operadores que se ocuparon de cada situación, con mención de nombre, apellido, documento de identidad, profesión o especialidad y localidad de residencia de cada agente público a cargo de aquellas labores.
3.- Resultados obtenidos en cada caso.
4.- Incorporaciones de personal profesional -indicando especialidad- que haya efectuado el Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de posibilitar el abordaje y atención de cada caso, en debidos tiempo y forma.

II.- Presentar, en el término de treinta (30) días de notificada la presente, un Plan y Cronograma de Guardias Pasivas para la atención de las situaciones de urgencia que involucren a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, habitantes de las localidades de Allen, Villa Regina y General Roca, y de sus respectivas zonas de influencia, con aplicación por fuera del horario reglamentario administrativo del organismo proteccional y en feriados y fines de semana.

Finalmente dispuso que todo lo ordenado, será bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones conminatorias, en caso de incumplimiento (cfme. Artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial).

Cabe consignar que el amparo fue interpuesto por la Defensora Oficial, en nombre y representación de los niños/as/adolescentes de la ciudad de Allen y también de las localidades de Villa Regina y General Roca, con el objeto de solicitar que el Estado Provincial, como órgano administrador y de aplicación de la Ley D N°4109, dé una urgente solución a las situaciones que allí se detallan y efectivice, a favor de dichos niños, niñas y adolescentes, los derechos protectorios que asisten a los mismos, a través del/los programas vigentes y, en consecuencia, proceda a realizar las contrataciones en número suficiente de profesionales (trabajadores sociales, psicólogos) y operadores para la atención, abordaje y seguimiento de todas y cada una de dichas situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, la amparista pide que, en el marco de la Ley D N°4109 y desde el Poder Ejecutivo -Ministerio de Desarrollo Social-, se designen guardias en las ciudades de Allen, Villa Regina y General Roca (no en Comisaría), fuera del horario normal y fines de semana para la atención de las urgencias que involucran a niños/as/adolescentes, para la protección de sus derechos.

Al moneto de resolver, el Juez del Amparo sostuvo que “…he de advertir, en primer lugar y tal como lo señala la Sra. Procuradora General (cfme. fs. 177 párrafo tercero, el cual hago mío), el desinterés puesto de manifiesto por el Ministerio de Desarrollo Social, evidenciado en las demoras y omisiones para contestar los requerimientos que en la causa se le han efectuado, así también en los informes genéricos y carentes de precisión que ha presentado, comportamientos que resultan, a mi criterio, demostrativos de ausencia de voluntad en cuanto a buscar -y encontrar, que es lo que realmente importa- una solución a los complejos y delicados casos planteados en autos, aspecto negativo aquél que se ha dado aún frente a diferentes autoridades ministeriales, las que han mutado durante la tramitación del expediente del rubro. “

“Expresado ello y teniendo en consideración que en autos se reclama la atención y protección por parte del Estado para un grupo de niños/as y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, conforme los datos obrantes en autos, no puedo soslayar el alto plus protectorio de que gozan aquéllos en el ámbito del Derecho”, destacó el Magistrado.

El Juez Barotto señaló que “en aquél orden de ideas jurisprudencial que comparto, forzoso es concluir que la omisión en cubrir la demanda de protección detallada en autos resulta un incumplimiento de las obligaciones que, de forma expresa y concreta, existen en cabeza del estado provincial, circunstancia que configura un actuar ilegítimo por la dependencia del Poder Ejecutivo provincial que ha sido demandada, que habilita la excepcional vía escogida.”

Agregó que “sumado a ello, tal como señalé al principio y lo menciona la Sra. Procuradora General, el Ministerio de Desarrollo Social -invocando la complejidad en la elaboración del informe-, ha mantenido un accionar dilatorio y reticente frente a las situaciones denunciadas, agravado ello por la calidad especial de los destinatarios de las conducta protectivas reclamadas. Noto especialmente la generalidad inaceptable del informe, en donde se hace saber que en Allen “…se encuentran en espera aproximadamente 15 situaciones…”, es decir, no se sabe realmente el número de casos ni se especifican cuales son las personas involucradas ni el nivel y grado de la problemática que aqueja a cada menor en aquella condición; de Villa Regina se informa que “…se ha logrado evaluar y asignar la mayoría de las situaciones que estaban en la lista de espera…”, sin mayores y claramente necesarias puntualizaciones, y de General Roca se realizan descripciones acerca de diagnósticos situacionales de la Delegación ministerial y de algunas acciones que se habrían emprendido para mejorar su funcionamiento, pero sin destinar una sola línea a hacer saber si y cómo se han abordado los casos que integraban la respectiva lista de espera.”

“La sola presencia de “listas de espera” en un órgano estatal proteccional, en casos en que niños, niñas o adolescentes ven vulnerados sus derechos constitucionales por efectos del abandono, el maltrato (físico y/o psicológico), violencia (social o familiar), etc. es de por si un dato insoslayable para tener por cierto que aquél órgano -en el caso, dependiente del Poder Ejecutivo- no cumple con sus obligaciones”, consignó el Dr. Barotto.

“Por todo lo expuesto y toda vez ha quedado acreditado que existen una gran cantidad de situaciones de reclamo de protección de niños, niñas y adolescentes sin operador asignado, sin el abordaje adecuado o al menos sin que se informe de forma detallada y precisa la forma en que la autoridad obligada se ha predispuesto a cumplir con ello, habré de hacer lugar al amparo que da origen a estos actuados”, concluyó el Juez del Amparo.

SE ADJUNTA SENTENCIA JUEZ BAROTTO COMPLETA:

///MA, 25 de marzo de 2015.-
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas «DEFENSORA DE MENORES E INCAPACES Nº 4 DE GENERAL ROCA S/AMPARO» (Expte. Nº 26.719/13 -S.T.J.-), puestas a despacho para resolver y;
CONSIDERANDO:
I.- LOS ANTECEDENTES DE LA CAUSA.
A fs. 18/26 interpone acción de amparo la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de la IIda. Circunscripción Judicial, Dra. Alicia Terraza, en nombre y representación de los niños/as/adolescentes de la ciudad de Allen -que individualiza en los anexos que adjunta- y también de las localidades de Villa Regina y General Roca, con el objeto de solicitar que el Estado Provincial, como órgano administrador y de aplicación de la Ley D N°4109, dé una urgente solución a las situaciones que allí se detallan y efectivice, a favor de dichos niños, niñas y adolescentes, los derechos protectorios que asisten a los mismos, a través del/los programas vigentes y, en consecuencia, proceda a realizar las contrataciones en número suficiente de profesionales (trabajadores sociales, psicólogos) y operadores para la atención, abordaje y seguimiento de todas y cada una de dichas situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, la amparista pide que, en el marco de la Ley D N°4109 y desde el Poder Ejecutivo -Ministerio de Desarrollo Social-, se designen guardias en las ciudades de Allen, Villa Regina y General Roca (no en Comisaría), fuera del horario normal y fines de semana para la atención de las urgencias que involucran a niños/as/adolescentes, para la protección de sus derechos.
Hace saber la Sra. Defensora, a través de la documentación que acompaña -especialmente los tres anexos de la demanda de amparo-, que “… las situaciones que se presentan no están judicializadas, es decir, no intervienen Juzgados de Paz ni de Familia, ya que fueron derivadas directamente al Programa Proteccional vigente y que se encuentran actualmente en lista de espera para ser atendidos”. Así, en su Anexo I detalla “…veinte situaciones que datan del año 2012 a la fecha…”, relativas a “…presentaciones efectuadas o requeridas por parte de adultos que involucran a niños/adolescentes que están en situación de riesgo y vulnerabilidad por ser víctimas de abuso, malos tratos, negligencia, abandono o se encuentran en riesgo social”. El Anexo II refiere otras “…30 situaciones desde el año 2012 a la fecha, por casos de violencia emocional; maltrato infantil; abandono; falta de cuidados; riesgo social; violencia familiar; negligencia; que fueron derivadas al Ministerio de Desarrollo, y de cuya lectura surge palmariamente la necesidad y urgente intervención del organismo proteccional”. En el tercer Anexo “Se enumeran y detallan 17 situaciones, por casos de violencia familiar; maltrato infantil; riesgo social, entre otros. En estos casos se requiere la urgente atención para su evaluación, abordaje inicial, y seguimiento del Organo Proteccional”. Estima la amparista a fs. 21 y vta. que: “El Organo de Aplicación está omitiendo el cumplimiento de las normas internacionales, nacionales y provinciales de promoción y protección de los derechos de los niños/as y adolescentes que necesitan un abordaje urgente a través del programa vigente para evaluar y accionar, en resguardo de sus derechos, que se encuentran vulnerados (arts. 39 y 40 Ley 4109)”. A continuación, y en extenso, la Dra. Terraza funda jurídicamente su reclamo.
A fs. 37/38 -y previo haber sido necesario intimación bajo apercibimiento de ley, cfme. fs. 33- el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Subsecretaría de Protección Integral a cargo entonces de la Dra. Ana Lelia Calafat, informó, respecto de la acción de amparo deducida, que “…dada la mayor demanda de intervención de los diferentes Programas, la capacidad operativa del personal asignado se ha visto desbordada, razón por la cual se está trabajando a fin de poder reasignar el recurso humano necesario destinado a cubrir los requerimientos de intervención del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de las Organizaciones No Gubernamentales y de la demanda espontánea de la población”, solicitando, entonces “…la concesión de un plazo para proceder a la reasignación del recurso humano necesario, para iniciar la intervención de todas las situaciones descriptas en la presentación de la amparista, que permita evaluar las distintas problemáticas planteadas y brindar el consiguiente seguimiento técnico-profesional”.
Corrido traslado del precitado informe a la actora, ésta manifestó que “El mencionado informe no da inmediata solución a los derechos vulnerados de los niños/as y adolescentes que se encuentran en lista de espera y se siguen sumando en las localidades de Allen, Villa Regina y General Roca y por el contrario, implica un reconocimiento expreso de la justeza de la demanda de amparo. Las reasignaciones que se mencionan aparecen como obstrucciones sin contenido definido” (fs. 42).
Sin perjuicio del traslado y responde referenciados en el párrafo anterior, a fs. 39 el suscripto concedió al Ministerio de Desarrollo Social un plazo adicional “…para ampliar el informe producido, con la nueva reasignación del recurso humano necesario comprometido en el responde”. El informe ampliatorio es presentado a fs. 69/70 y luego de ser necesario intimar su presentación en tres (3) oportunidades (cfme. fs. 43/50). Así, y luego de haberse producido un recambio de las autoridades del citado Ministerio, la nueva Subsecretaria de Protección Integral, Lic. Andrea V. Smith, hace saber que “…instruí expresamente a la Señora Delegada de Alto Valle Centro que elabore a la mayor brevedad un amplio informe relativo al estado actual del seguimiento de todas aquellas situaciones sin atención que motivara la presentación de la amparista, pertenecientes a las localidades de Allen, Villa Regina y General Roca, que permitan evaluar el presente estado de situación”, agregando consideraciones sobre planes proteccionales y asistencias vigentes y sus componentes presupuestarios.
A fs. 71 se otorgó plazo de quince (15) días al organismo presentante de fs. 69/70 “…para ampliar el informe producido respecto a la Delegación Alto Valle Centro” y se corrió traslado a la amparista quién, a fs. 74 señaló que “…el escrito presentado … confirma el estado de crisis en que se encuentra el Órgano Administrativo encargado de dar solución a las situaciones ya planteadas y las que se sumaron a la fecha, las que surgen de demanda espontánea y las derivadas desde otras instituciones, escuelas, Juzgados de Paz, Comisaría, etc., en las localidades de Allen, Villa Regina y General Roca… No existen psicólogos en número suficiente, ni en el marco que se señala ni en los programas vigentes, además se confirma la falta de guardias -para aquellas situaciones que no son de Comisaría- pero son de urgente atención y que resultan de resorte exclusivo del Órgano Proteccional”.
No habiendo sido presentado el informe ampliatorio anunciado por el Ministerio de Desarrollo Social a fs. 69/70, se debió intimar al cumplimiento de dicha carga en dos oportunidades, la última de ellas, bajo apercibimiento de desobediencia y en el marco del Artículo 239 del Código Penal, situación que obligó al firmante a dar participación a la Sra. Procuradora General (cfme. Artículo 11, Ley K Nº 4199), quien, a fs. 95/97 planteó que “…resulta indispensable a los efectos de avanzar sobre la cuestión de fondo, contar con información detallada, actualizada y pormenorizada respecto del abordaje actual de las situaciones planteadas, previo a dictaminar en las presentes actuaciones, solicito se intime al Sr. Ministro de Desarrollo Social, a fin de que evacue los informes requeridos … bajo apercibimiento de desobediencia (art. 29 del C.P.)…”, agregando la Dra. Silvia Baquero Lazcano que “…sin perjuicio de lo precedentemente señalado y en la continuidad del trámite, en atención a la temática a resolver y habida cuenta de la trascendencia social y las características de la cuestión, estimo prudente además que se otorgue intervención a la Defensora General, a cuyos efectos solicito se convoque a una audiencia con la participación del Ministerio de Desarrollo Social y del Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia, para lograr un abordaje integral y coordinado de la problemática suscitada”.
A fs. 98 se dispuso la nueva intimación impulsada por la Procuración General (efectivizada según constancias de fs. 100 y vta.) y se hizo lugar al pedido de audiencia formulado por la Titularidad del Ministerio Público.
A fs. 104/105 obra el acta labrada en oportunidad de la realización de la audiencia anunciada en el considerando anterior, a resultas de la cual el Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a presentar en el término de treinta (30) días hábiles, contados desde la celebración de dicho acto, un Plan Integral de Abordaje, en los términos y condiciones allí expresados, a los cuales se remite, en mérito a la brevedad.
Sin perjuicio del plazo estipulado y acordado por el propio Ministerio, la carga informativa recién se cumplimentó con fecha 16 de octubre de 2014, previo a que a fs. 112 la Sra. Defensora General, Dra. María Rita Custet Llambí, denunciase el vencimiento del mismo, lo que motivó la intimación de fs. 113 (también bajo apercibimiento de impulsar la formación causa penal) (cfme. fs. 114/115 y vta.). Entonces, a fs. 116/125 la Subsecretaria de Protección Integral del Ministerio de Desarrollo Social, remitió el Plan Integral para el Abordaje para las localidades de Allen, Villa Regina y General Roca, comprometido en la audiencia antes descripta.
La Sra. Defensora General, al contestar el traslado conferido respecto de aquél, observó con relación al punto I de lo pactado en el Acta de Audiencia, que el Programa remitido no contiene los puntos a los cuales el Ministerio se comprometió, señalando que no se ha brindado detalles sobre cada una de las situaciones de espera, omitiendo indicar el curso de la situación evaluada, los nombres de los técnicos asignados a los casos concretos y el estado actual de las mismas. Respecto al punto II sostiene que nada se menciona de la previsión de las guardias para días de semana y fines de semana, ni de atención urgente de situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes (cfme. fs. 127 y vta.).
Corrido traslado a la demandada de las observaciones efectuadas por el Ministerio Público de la Defensa y para que brinde la información particularmente requerida, con fecha 22 de diciembre de 2014 se presenta informe, el cual luce agregado a fs. 136/166.
Tomado conocimiento de la presentación, a fs. 168/171, la Sra. Defensora General realiza un pormenorizado análisis de aquélla y concluye que la misma resulta insuficiente, ante la ausencia de información y abordaje de los doscientos doce (212) casos denunciados en la acción de amparo (cfme. “conclusión” especificada a fs. 169), razón por la cual peticiona se dicte Sentencia; se haga lugar a la acción de amparo y se ordene al Ministro de Desarrollo Social de la Provincia -Sr. Ricardo Arroyo- para que, a través del área que corresponda; con la forma y requisitos requeridos por las leyes; en el plazo de 15 días y bajo apercibimiento de aplicación de astreintes personales y sanciones que pudieren corresponder:
1.- se aborden en forma inmediata los doscientos doce (212) casos sin atender y se asigne, mediante acto administrativo fundado, a los técnicos y operadores correspondientes, con mención de nombre, apellido y localidad de cada agente público, a los casos en cuestión; como así también, a los que en el futuro ingresen en el sistema. Asimismo se atiendan y asignen de igual manera los casos que se encuentran en lista de espera, correspondientes a las ciudades de Allen, Villa Regina y General Roca.
2.- Se concrete el ingreso de los profesionales capacitados (trabajadores sociales y psicólogos), operadores técnicos necesarios para atender la demanda existente, con anoticiamiento a la totalidad de los organismos administrativos intervinientes de la celeridad que requiere la efectivización de las incorporaciones referidas. Y la comunicación interna del anoticiamiento solicitado, a través de la Fiscalía de Estado.
3.- Remita el acto administrativo que dispone el cronograma de operadores que en forma pasiva están asignados a las guardias para la atención fuera del horario normal de trabajo y fines de semana, para las situaciones de urgencia que involucren a niños/as y adolescentes, en las ciudades de Allen, Villa Regina y General Roca.
Finalmente, a fs. 173 y atento el estado de las actuaciones, se corre un nuevo traslado a la Sra. Procuradora General, tal lo solicitado oportunamente a fs. 97.
II.- EL DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL.
A fs. 173/178 obra dictamen de la Titular del Ministerio Público por el cual considera que corresponde hacer lugar a la acción intentada, toda vez que advierte que en autos se dan los recaudos procesales para la procedencia de la excepcional vía intentada.
Para así concluir pondera las notas e informes que obran en el expediente que ponen de manifiesto la ausencia de solución a las cuestiones planteadas y el agravamiento de las mismas en el tiempo.
Señala que el órgano administrativo que debe resolver la cuestión se ha tomado un prolongado lapso de tiempo -de casi dos años- para remediar la cuestión, sin que se hayan hecho efectivas las soluciones reclamadas. En razón de ello observa que las previsiones normativas que imponen al Estado Provincial deberes de carácter prioritario no se evidencian cumplidas.
En cuanto a los equipos técnicos, considera que el número de profesionales asignados al abordaje de los casos resulta insuficiente.
Resalta la violación a las garantías constitucionales que protegen de manera integral a los menores que se encuentran en lista de espera para la atención, intervención, evaluación y seguimiento desde el Órgano Proteccional, destacando la ausencia de respuesta en tiempo y forma por parte del Estado ante la situación de vulnerabilidad advertida, la cual ha sido comprobada a través de las constancias existentes en autos, y puestas de manifiesto en los informes producidos, incluso del propio Ministerio.
Ante las circunstancias denunciadas -violencia emocional, maltrato infantil, abandono, falta de cuidados, riesgo social, violencia familiar, negligencia, abusos etc.- que han sido derivadas al Ministerio de Desarrollo Social y que aún no han sido atendidas por el organismo proteccional, considera que se encuentra afectado el interés superior de los niños, niñas y adolescentes involucrados.
Señala que existe una extensa normativa de rango constitucional, Tratados Internacionales con la misma jerarquía (art. 75 inc. 22), legislación nacional (Ley Nº 25601) y provincial (Ley D Nº 4109) que delimitan el plus protectivo respecto de este universo particular de personas.
Considera que se ha violado puntualmente la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, con las conductas señaladas como incumplidas por el Estado Provincial, las que entiende constatadas en las actuaciones y se encuentran expuestas en el texto reseñado, debiendo procederse a su restablecimiento.
III.- ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO.
Al acometer la resolución del conflicto de autos he de advertir, en primer lugar y tal como lo señala la Sra. Procuradora General (cfme. fs. 177 párrafo tercero, el cual hago mío), el desinterés puesto de manifiesto por el Ministerio de Desarrollo Social, evidenciado en las demoras y omisiones para contestar los requerimientos que en la causa se le han efectuado, así también en los informes genéricos y carentes de precisión que ha presentado, comportamientos que resultan, a mi criterio, demostrativos de ausencia de voluntad en cuanto a buscar -y encontrar, que es lo que realmente importa- una solución a los complejos y delicados casos planteados en autos, aspecto negativo aquél que se ha dado aún frente a diferentes autoridades ministeriales, las que han mutado durante la tramitación del expediente del rubro.
Expresado ello y teniendo en consideración que en autos se reclama la atención y protección por parte del Estado para un grupo de niños/as y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, conforme los datos obrantes en autos, no puedo soslayar el alto plus protectorio de que gozan aquéllos en el ámbito del Derecho.
En efecto, el estándar fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que los Tribunales están obligados a atender primordialmente al interés superior del niño, sobre todo cuando garantizar implica el deber de tomar las medidas necesarias para remover los obstáculos que pudiesen existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la Convención, debiendo los jueces, en cada caso, velar por el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño o adolescente bajo su jurisdicción (Cf. “V., D. L s/ restitución de menores ejecución de sentencia – 16/08/2011 Fallos: 334:913).
También ha dicho el Máximo Tribunal Nacional que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado, reconocimiento que constituye un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa derivado de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, en especial de la Convención del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica (Fallos: 328:4343).
En aquél orden de ideas jurisprudencial que comparto, forzoso es concluir que la omisión en cubrir la demanda de protección detallada en autos resulta un incumplimiento de las obligaciones que, de forma expresa y concreta, existen en cabeza del estado provincial, circunstancia que configura un actuar ilegítimo por la dependencia del Poder Ejecutivo provincial que ha sido demandada, que habilita la excepcional vía escogida.
El interés superior del niño orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos, incluyendo a la Corte Suprema (Fallos: 328:2870). A los efectos de evitar agravar el conflicto generado y los perjuicios que éste ocasiona a los menores corresponde exhortar a las autoridades públicas competentes que arbitren todos los medios a su alcance para atender en los términos propuestos por la legislación vigente, la demanda de los niños/as y adolescentes involucrados en autos.
La limitante presupuestaria o económica no es óbice para el requerimiento que aquí se propone. Ya la CSJN, en los autos “Recurso de hecho deducido por S. Y. Q. C. por sí y en representación de su hijo menor J. H. Q. C. en la causa Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, observó que “….en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura:es (aprobado por la República Argentina por ley 26.663…), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha fijado una serie de pautas para establecer cómo puede entenderse el compromiso de los estados … de adoptar medidas … hasta el máximo de los recursos de que disponga … con el objeto de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos, tal corno lo dispone -en cuanto al caso interesa- el art. 4.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese sentido, el Comité afirmó en término que «la disponibilidad de recursos, aunque condiciona la obligación de adoptar medidas, no modifica el carácter inmediato de la obligación, de la misma forma que el hecho de que los recursos sean limitados no constituye en sí mismo una justificación para no adoptar medidas. Aunque se demuestre que los recursos disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación del Estado Parte de velar por el disfrute más amplio posible de los derechos económicos, sociales y culturales, habida cuenta de las circunstancias reinantes … Los Estados Partes tienen el deber de proteger a los miembros o grupos más desfavorecidos y marginados de la sociedad aun en momentos de limitaciones graves de recursos, adoptando programas específicos de un costo relativamente bajo» (punto 4 de la Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el «máximo de los recursos que disponga» de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto: Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, E/C. 12/2007/1)”.
En consonancia con lo anticipado, en oportunidad de fallar en las actuaciones caratuladas «Martín, Analía y Otras S/Acción de Amparo Art. 43 C. Pcial (STJRNS4 Se. 85/14)” sostuve que “La falta de recursos o la ausencia de planificación y concreción oportuna no pueden justificar en ningún caso el incumplimiento del deber jurídico de cumplir con los estándares básicos de los derechos objeto de protección. Por otro lado, cabe poner de resalto que constituye un principio cardinal del Estado de Derecho la circunstancia de que, frente a todo deber constitucional o legal, la Administración no está facultada, sino obligada a actuar en consecuencia (CSJN, Fallos: 315:1492)”.
El Estado no sólo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales sino que tiene, además, el deber de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquéllos no se torne ilusorio (CSJN, Causa A.186 LXXXIV, «Asociación Benghalensis”).
En nuestro diseño constitucional resulta que cuando se constata efectivamente el menoscabo, falta de implementación o adopción insuficiente o inadecuada de los derechos reconocidos en la Carta Magna, corresponde al Poder Judicial reprochar esa omisión (En similar sentido, Abramovich, Víctor, «Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política», JA 2006-II, fascículo Nº 12, pág. 17)”.
Del mismo modo, la Constitución de la Provincia de Río Negro ha proclamado al niño/ña como un sujeto requerido de protección estatal (artículo 33), especificándose que la niñez será protegida por el Estado, frente al desamparo, como reprobable disvalor. De allí que todas estas directrices que posicionan al niño en una condición relevante, no pueden ser desoídas sin más, haciendo caer en saco roto esta profunda preocupación de las legislaciones fundamentales y supranacionales (cfme. STJRNS4 Se. 85/14).
Expresado ello y valorando el marco fáctico de autos se observa que a fs. 78 luce nota de fecha 28-04-14 de la Sra. Presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de Gral. Roca enviada a la Sra. Defensora de Menores e Incapaces, en la cual informa que la situación denunciada judicialmente en fecha 02-10-13 no se ha solucionado, sino que, además se ha agravado; a fs. 79/84, diversos profesionales y el Equipo de Supervisión Técnica informan al PIDNNAF, en igual sentido, sobre la dificultosa situación en la que se encuentra el programa de asistencia y el incumplimiento de la Ley D Nº 4109; a fs. 106/107 nuevamente los trabajadores del Área de Protección Integral de Niños/as y Adolescente del Ministerio de Desarrollo Social ponen en conocimiento de la Sra. Defensora General, los incumplimientos del órgano proteccional, haciendo especial referencia a los diversos reclamos administrativos formulados en las áreas pertinentes, sin obtener respuesta alguna. Adjuntan a tales efectos notas que se agregan a fs. 108/111.
Sumado a ello, tal como señalé al principio y lo menciona la Sra. Procuradora General, el Ministerio de Desarrollo Social -invocando la complejidad en la elaboración del informe-, ha mantenido un accionar dilatorio y reticente frente a las situaciones denunciadas, agravado ello por la calidad especial de los destinatarios de las conducta protectivas reclamadas. Noto especialmente la generalidad inaceptable del informe de fs. 116/125, en donde se hace saber que en Allen “…se encuentran en espera aproximadamente 15 situaciones…”, es decir, no se sabe realmente el número de casos ni se especifican cuales son las personas involucradas ni el nivel y grado de la problemática que aqueja a cada menor en aquella condición; de Villa Regina se informa que “…se ha logrado evaluar y asignar la mayoría de las situaciones que estaban en la lista de espera…”, sin mayores y claramente necesarias puntualizaciones, y de General Roca se realizan descripciones acerca de diagnósticos situacionales de la Delegación ministerial y de algunas acciones que se habrían emprendido para mejorar su funcionamiento, pero sin destinar una sola línea a hacer saber si y cómo se han abordado los casos que integraban la respectiva lista de espera.
La sola presencia de “listas de espera” en un órgano estatal proteccional, en casos en que niños, niñas o adolescentes ven vulnerados sus derechos constitucionales por efectos del abandono, el maltrato (físico y/o psicológico), violencia (social o familiar), etc. es de por si un dato insoslayable para tener por cierto que aquél órgano -en el caso, dependiente del Poder Ejecutivo- no cumple con sus obligaciones.
Por todo lo expuesto y toda vez ha quedado acreditado que existen una gran cantidad de situaciones de reclamo de protección de niños, niñas y adolescentes sin operador asignado, sin el abordaje adecuado o al menos sin que se informe de forma detallada y precisa la forma en que la autoridad obligada se ha predispuesto a cumplir con ello, habré de hacer lugar al amparo que da origen a estos actuados, en la forma que a continuación detallo.
IV.- EL DECISORIO FINAL.
Por los fundamentos dados anteriormente,

EL SEÑOR JUEZ
DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO DOCTOR SERGIO M. BAROTTO
R E S U E L V E:

Primero: Hacer lugar al amparo interpuesto por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de la IIda. Circunscripción Judicial, Dra. Alicia Terraza, ordenando al Poder Ejecutivo provincial -Ministerio de Desarrollo Social- que proceda a:
I.- Abordar y ocuparse inmediatamente, en los términos y alcances de la legislación vigente, de todas aquellas situaciones de vulnerabilidad que pesen sobre niños, niñas y adolescentes, habitantes de las localidades de Allen, Villa Regina y General Roca, y de sus respectivas zonas de influencia. Dicho abordaje y asistencia inmediata deberán serlo respecto de las situaciones denunciadas en autos en la demanda y sus respectivos Anexos, como así también en relación a todos aquellos otros casos presentados posteriormente y que integren las “listas de espera” vigentes en cada Delegación local ministerial al momento de notificación de la presente Sentencia.
Las acciones ordenadas precedentemente deberán ser acreditadas en autos, en cuanto a efectivización de las mismas, dentro del término de sesenta (60) días de notificada la presente, oportunidad en la cual se deberá especificar y detallar:
1.- Metodología empleada en el abordaje de todos y cada uno de los casos.
2.- Individualización de los técnicos y operadores que se ocuparon de cada situación, con mención de nombre, apellido, documento de identidad, profesión o especialidad y localidad de residencia de cada agente público a cargo de aquellas labores.
3.- Resultados obtenidos en cada caso.
4.- Incorporaciones de personal profesional -indicando especialidad- que haya efectuado el Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de posibilitar el abordaje y atención de cada caso, en debidos tiempo y forma.
II.- Presentar, en el término de treinta (30) días de notificada la presente, un Plan y Cronograma de Guardias Pasivas para la atención de las situaciones de urgencia que involucren a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, habitantes de las localidades de Allen, Villa Regina y General Roca, y de sus respectivas zonas de influencia, con aplicación por fuera del horario reglamentario administrativo del organismo proteccional y en feriados y fines de semana.
Todo lo ordenado, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones conminatorias, en caso de incumplimiento (cfme. Artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial).
Segundo: Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial).
Tercero: Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Firmante: BAROTTO ( JUEZ). LOZADA ( SECRETARIO)

PROTOCOLIZACION:

Tomo I
Sentencia N° 26
Folio N° 71/76
Secretaria N° 4

Fuente: Justicia Río Negro