Quieren actualizar la ley forestal de la Provincia

Viedma.- En la Provincia de Río Negro, en 1972, se sancionó la Ley Forestal Q Nº 757 y se creó el Servicio Forestal Andino, con el fin de cumplimentar todo lo relacionado a la preservación de las áreas boscosas, su incremento programado y su racional aprovechamiento. Ahora, los legisladores Alfredo Martin y Silvia Paz (JSRN), promueven modificar los artículos 39 y 40 de dicha norma, e incorporar, a su vez, el artículo 39 Bis.

Los precursores de la iniciativa alertan sobre el incremento de la tala ilegal, específicamente en localidades como El Bolsón y San Carlos de Bariloche. “Esto genera la imperiosa necesidad de implementar normativas más severas para proteger las zonas boscosas del territorio rionegrino” -advierten en el proyecto que ingresó al Parlamento con el número 340/2016.

En este sentido, plantean la actualización del marco regulatorio y para ello describen taxativamente las infracciones pasibles de sanciones. De este modo, comprenden que ante toda acción que tienda a dañar la naturaleza y/o efectuar un aprovechamiento forestal sin la debida autorización de los organismos competentes, se aplicará apercibimiento en caso de daño ambiental leve; multa de entre 300 y 10.000 sueldos básicos de la administración pública provincial (Ley Nº 4552); y como pena accesoria podrá imponerse la inhabilitación por el término de tres años. Así lo definen los parlamentarios, teniendo en cuenta el daño ambiental provocado y las escalas que se incluyen en el texto presentado.

Asimismo, queda detallado que estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda. Cuando la infracción fuera cometida con apropiación de productos y subproductos forestales, los mismos serán decomisados en el lugar en que se encuentren, pudiéndose decomisar, además, todas las herramientas y los vehículos utilizados por los contraventores.

Cabe señalar que las sanciones podrán recaer sobre el propietario, poseedor, permisionario, concesionario, tenedor o persona física o jurídica desmontadora que ejecute la obra y sobre todos aquellos que de un modo directo o indirecto hubiesen participado en la comisión del hecho por acción u omisión. También, serán solidariamente responsables por las infracciones cometidas, los titulares de las actividades o proyectos, las personas o empresas encargadas de las obras y los profesionales intervinientes.