Se constituyó la comisión que investigará cómplices económicos de la dictadura

Viedma.- Encabezada por el vicegobernador Pedro Pesatti, se constituyó hoy la comisión Especial Investigadora por la Memoria, Verdad y Justicia. El Cuerpo busca investigar, estudiar, desentrañar y esclarecer la actuación de los actores económicos que promovieron o facilitaron los delitos de sangre en Río Negro, y apoyaron la ejecución del plan criminal de la última dictadura a cambio de beneficios del gobierno.

Esta comisión se constituye como la primera de su tipo en el país, con escasos antecedentes internacionales, y surgió de un proyecto del propio Pesatti, convertido en ley 4956 por el parlamento rionegrino, promulgada en mayo del 2014.

El vicegobernador agradeció a los legisladores que participan de la comisión y les garantizó que “contarán con todo el apoyo y la estructura de la Legislatura para avanzar en los objetivos y en la finalidad que tiene la comisión”.

Pesatti comentó que solicitó la asistencia técnica oficial del relator de Naciones Unidas “Experto Independiente de Deuda Externa y Derechos Humanos”, Juan Pablo Bohoslavsky, quien habría mostrado su predisposición para colaborar ad-honorem con la comisión.

La órgano quedó conformado con la legisladora Roxana Fernandez (JSRN) como presidente, Susana Diéguez (FpV) como vicepresidente y la legisladora Sandra Recalt (JSRN) como secretaria del Cuerpo.

Por su parte, Fernández subrayó la importancia de establecer un reglamento de funcionamiento para que a pesar de la transición de autoridades, se respete la metodología cuando la comisión vuelva a constituirse con nuevos legisladores.

Diéguez expresó que se necesitará una gran estructura y presupuesto, además de contar con un reglamento de funcionamiento para comenzar con el trabajo. Detalló que será relevante contactarse con personas de empresas que fueron cesanteados por cuestiones económicas y por un “modelo económico que había que presentar y silenciar”.

Entre sus facultades, el Cuerpo podrá solicitar el acceso a la documentación y expedientes administrativos o judiciales, requerir informes a organismos públicos o privados, pedir la declaración de personas y solicitar el nombramiento de asesores, investigadores o expertos, así como toda otra atribución que necesite para cumplir con sus objetivos.