STJ orden贸 a IPPV la provisi贸n de una vivienda a amparista y su hijo con discapacidad

Viedma.- El Superior Tribunal de Justicia rechaz贸 el recurso de apelaci贸n interpuesto por el apoderado de la Fiscal铆a de Estado, Arturo E. Llanos y confirm贸 la sentencia de Laura Fontana, quien ante la demanda interpuesta por la accionante contra el Instituto de Planificaci贸n y Promoci贸n de la Vivienda (IPPV) contempl贸 la petici贸n de provisi贸n de vivienda acorde a las necesidades de su hijo, quien padece de Esclerosis Tuberosa y Retraso Mental, siendo que la casa que alquila no re煤ne las condiciones necesarias para ello, sumado a la circunstancia de que la amparista se encuentra separada y a cargo de sus dos hijos.

Seg煤n se rese帽贸 en el expediente, la jueza advirti贸 el evidente incumplimiento del Estado sosteniendo que no resulta fundamento suficiente para la denegatoria del derecho en cuesti贸n que la inscripci贸n se encuentre a nombre de quien no convivir铆a con el grupo familiar, dado que el I.P.P.V. estaba en conocimiento desde la fecha del informe del Municipio de la emergencia habitacional padecida, as铆 como que el grupo familiar se conformaba por la amparista y sus hijos; siendo, adem谩s, que la misma habr铆a efectuado diversos reclamos, oportunidad en la que debi贸 inform谩rsele los pasos administrativos a seguir.

La sentencia del STJ fue resuelta por mayor铆a, con los votos de los jueces Enrique Mansilla, Liliana Piccinini y Adriana Zaratiegui y la disidencia de los Jueces Sergio Barotto y Ricardo Apcarian.

Entre otros considerandos y en el primer voto, el Juez Mansilla se帽al贸 que 鈥渓os fundamentos alegados por la apelante no resultan suficientes a fin de ilustrar acerca del hipot茅tico yerro en que podr铆a haber incurrido la Jueza de grado, atento a que el presente caso ha sido resuelto a la luz del principio rector que dispone nuestra Carta Magna Provincial para casos excepcionales como el presente, en orden a las previsiones del art. 43 de la Constituci贸n Provincial y de la doctrina legal de este Superior Tribunal de Justicia en su interpretaci贸n y aplicaci贸n.鈥

A帽adi贸 que 鈥渃oincido con la Procuraci贸n General en que estamos en presencia de una situaci贸n de car谩cter extremo, dadas las particularidades del caso, atento a la acreditaci贸n de urgencia y lesi贸n actual e inminente, lo que no ha sido desvirtuado por la recurrente.鈥

鈥淎cierta la Jueza del amparo, quien luego de dar intervenci贸n a la Defensora de Menores e Incapaces y peticionando 茅sta la correspondiente soluci贸n habitacional en cumplimiento de la Convenci贸n Internacional sobre los Derechos del Ni帽o (art. 27 inc.3), resuelve hacer lugar a la demanda de amparo fundando su decisi贸n en el art. 36 de la C.P., la Ley D N潞 2055 que promueve la protecci贸n de las personas con discapacidad, la Ley D N潞 4532 por la cual la Provincia de R铆o Negro adhiri贸 a la Ley Nacional N潞 26.378, aprobatoria de la Convenci贸n sobre los \禄Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo\禄, incisos 1 y 2 del Art. 28鈥, afirm贸 el Magistrado.

Mansilla agreg贸 que 鈥渁simismo, la sentenciante tuvo por acreditado que la amparista ha efectuado las correspondientes gestiones orientadas a obtener una vivienda habi茅ndose agotado la instancia administrativa, se realizaron los informes sociales correspondientes para establecer la emergencia habitacional, como as铆 tambi茅n la situaci贸n de discapacidad del menor; y conclu铆do en definitiva, que la circunstancia de que el Instituto de Planificaci贸n de la Vivienda no hubiere remitido la solicitud al Consejo de Discapacidad o que la petici贸n figure en el I.P.P.V. suscripta por el padre del menor no resultan cuestiones que obsten la viabilidad del reclamo.鈥

Por su parte y en disidencia, entre otros conceptos, el juez Barotto sostuvo que 鈥渃ierto es que la situaci贸n de la amparista se advierte como delicada por el car谩cter de discapacitado de su hijo pero ello, por s铆 solo, no habilita a trastocar las pol铆ticas p煤blicas habitacionales que no lucen al respecto como arbitrarias o ilegales, m谩xime cuando, como en la especie, ninguna probanza eficiente se ha arrimado -a煤n ex officio- acerca de lo que se dice actuado frente al IPPV. Entonces, y en el caso de autos, no se vislumbra inacci贸n u omisi贸n ileg铆tima atribuible a un organismo provincial. No puede prosperar el amparo cuando no se advierte en el actuar administrativo, un obrar arbitrario y/o manifiestamente ilegal, que habilite este excepcional procedimiento, en donde resulta restrictiva la intervenci贸n de este Poder Judicial en una funci贸n netamente administrativa, propia y exclusiva del Poder Ejecutivo. No se observa en autos una omisi贸n del actuar del Estado en la atenci贸n de un derecho fundamental.鈥

A su turno, la jueza Liliana Piccinini dijo: 鈥淟a Jueza del amparo en sus consideraciones ha puesto de manifiesto aquello que emerge claramente de las respuestas brindadas por el Consejo del Discapacitado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y del IPPV, se帽alando que la autoridad administrativa no ha brindado una soluci贸n ni encausado administrativamente el tr谩mite.鈥

鈥淓stas circunstancias son las que evidencian que, si bien es cierto que existen v铆as administrativas aptas, las mismas no han estado expeditas, en tanto que el Estado no ha puesto a disposici贸n de la amparista y su hijo discapacitado el encaminamiento correcto del tr谩mite, para as铆 promover y asegurar el ejercicio de los derechos que la legislaci贸n les prodiga con especial 茅nfasis y atenci贸n. Antes bien, el Estado invirti贸 la carga colocando en cabeza del beneficiario la tarea de inscribirse, actualizar los datos, controlar que el legajo llegase a manos del Consejo, peticionar que este 贸rgano lo incorpore a la lista de prioridades y luego requerir que reclame por su no asignaci贸n de vivienda. Todas obligaciones del mismo Estado, que -como tantas veces he dicho- es uno y 煤nico debiendo lucir las pol铆ticas transversales para reconocer derechos y satisfacer su pleno goce, m谩xime cuando se trata de derechos de personas en estado de vulnerabilidad鈥, afirm贸.

鈥淟a sentencia apelada -reitero- manda al Estado Provincial 鈥渁 trav茅s de quien corresponda鈥- a cumplir con la legislaci贸n vigente a efectos de brindar una soluci贸n habitacional, lo cual debe ser entendido teniendo en consideraci贸n lo ponderado en el fallo, que claramente se帽ala la omisi贸n o el obrar ileg铆timo al no considerar inscripta a la amparista con la consiguiente ineptitud para integrar un listado de prioridades鈥, expres贸 la Magistrada.

鈥淓s por lo anteriormente dicho que no coincido con el voto precedente, toda vez que observo una omisi贸n en el actuar del Estado en el reconocimiento y la atenci贸n de un derecho fundamental y me inclino por la confirmaci贸n del fallo atacado, cuyo alcance no profana la actividad de otro Poder, sino que ordena que tal actividad sea cumplida perentoriamente, teniendo en claro que la excepcionalidad ya est谩 dada por la normativa supra e infra constitucional citada y de aplicaci贸n al caso. Sin ambages debe asimilarse que lo que se dispone es la correcci贸n del derrotero administrativo, otorgando acceso al derecho hasta aqu铆 desconocido, para luego dar una soluci贸n habitacional respetando las necesidades del discapacitado, las que justamente- habr谩n de surgir merced a la actividad de los 贸rganos encargados de establecerlas鈥 destac贸 la Jueza Piccinini.

Finalmente la jueza Zaratiegui se帽al贸 que 鈥渢eniendo en cuenta la normativa antes referida y que el sub examine se trata de una situaci贸n de car谩cter extremo, corresponde entonces rechazar el recurso de apelaci贸n incoado, confirmando el decisorio dictado en resguardo del derecho constitucional correspondiente, obrante en cuanto ordena al Poder Ejecutivo Provincial para que, a trav茅s de quien corresponda, brinde una soluci贸n habitacional respetando las necesidades del joven discapacitado, hijo de la amparista.鈥