Sancionaron ley para garantizar la construcción de viviendas en Río Negro

La Legislatura sancionó hoy la ley que busca garantizar el financiamiento para la ejecución de 1230 obras del Programa Casa Propia Construir Futuro para Río Negro, a través de la adecuación, a cargo de la Provincia, de las diferencias de costos de construcción y el cumplimiento de los plazos de pago por parte de Nación a los contratistas.


La iniciativa, que llegó al Parlamento desde el Ejecutivo con acuerdo general de ministros,  recibió apoyo unánime.

El legislador Sebastián Caldiero (JSRN) señaló que este Programa, creado por el Ministerio Nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat en 2021, presenta dificultades en el proceso licitatorio debido a que la metodología de actualización de los precios de obras no logra satisfacer el valor del mercado y la demanda de las empresas constructoras.

El Programa establece que los montos de las obras a financiar se expresan en pesos y en su correspondiente conversión en Unidades de Vivienda (UVI), que se actualizan mensualmente de acuerdo al índice del costo de la construcción que publica el INDEC. Caldiero explicó que si bien el gobierno nacional hizo un reconocimiento a la Provincia y subió el monto básico de 1000 a 1030 UVIs, esa diferencia no ha resultado suficiente.

Indicó que para destrabar esta situación, la Provincia propone co-financiar el aporte nacional para la construcción de estas viviendas y equiparar, con fondos propios, el valor de 1192 UVIs, que Nación le otorgó a la vecina provincia del Chubut, y que implican unos 2 millones y medio de pesos más por vivienda.

A su vez, esta norma busca corregir los atrasos en el pago de los certificados de obra por parte de Nación, facultando al Instituto Provincial de la Vivienda, que es el órgano ejecutor, a anticiparse con recursos provinciales cuando la demora exceda los 45 días, y recuperarlo luego con el reembolso.

El legislador afirmó que aunque esta acción implica un costo para Río Negro, se está priorizando el beneficio de los rionegrinos que están esperando por sus viviendas y la continuidad de la obra pública en el territorio provincial.

En el cierre de las exposiciones, el presidente de la bancada oficialista, Facundo López, destacó que “si tenemos en cuenta el fondo para la vivienda que tiene Unter, y a su vez lo lo tienen ATE y la policía, y a eso sumamos como política provincial Suelo Urbano y el esfuerzo de los municipios, y el gobierno nacional, podemos ver que hay voluntad y todos tenemos en claro que el problema de la vivienda es un problema a resolver”.

Agregó: “Quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo que hace el gobierno provincial. Con esta ley que estamos aprobando hoy nuevamente nos pasa como hace un tiempo atrás con el programa Techo Digno, que se arrancó pero después se cortó el financiamiento y que el gobierno provincial por una decisión del gobernador Weretilneck, el gobierno provincial se hizo cargo de esa diferencia de financiamiento para poder terminar aquellas obras”.

“Ojalá que en este período electoral que viene en el cual los rionegrinos tenemos que elegir quien va a ser el presidente que conduzca el estado nacional, podamos escuchar a aquellos dos grandes competidores que están en los dos extremos, un debate serio sobre una política habitacional. Por suerte en Río Negro existe Juntos Somos Río Negro, que no está en ninguno de los dos extremos y hacemos todo lo posible para resolver los problemas de los rionegrinos y por eso el reconocimiento que desde 2015 a la fecha de los rionegrinos a nuestro proyecto”.

Fondo de vivienda para docentes y policías

La Legislatura también prorrogó hoy la duración de fondos específicos que benefician el acceso a la vivienda del sector docente y policial.

Ambos proyectos fueron incluidos sobre tablas y llegaron desde el Poder Ejecutivo con acuerdo general de ministros.

El legislador Fabio Sosa (JSRN) explicó que ambos fondos “se crearon en 2019 para planificar y desarrollar políticas públicas que permitan construir viviendas dignas de los trabajadores”.

Las normas plantean un nuevo plazo de tres años, a partir de su vencimiento.