Créditos Hipotecarios

Hay dos planos en los que se mueve hoy la información económica en la Argentina. Uno es el de los anuncios, los instrumentos, las medidas que —en el papel— buscan ordenar, reactivar o corregir distorsiones. El otro, mucho más silencioso pero decisivo, es el de la experiencia cotidiana de la mayoría: ingresos erosionados, tarifas en alza, consumo retraído y una sensación persistente de intemperie.

El tema de los créditos hipotecarios aparece exactamente en esa intersección.

En abstracto, el regreso del crédito es una buena noticia. Después de años en los que el financiamiento de largo plazo desapareció, que vuelva a hablarse de hipotecas remite a una idea de normalidad económica. Ningún país crece sin crédito. Ninguna clase media se consolida sin acceso a la vivienda. Hasta ahí, el diagnóstico es difícil de discutir.

El problema es el contexto.

Hoy, el grueso de los ingresos —y en particular los más sensibles, como jubilaciones y salarios estatales— viene de atravesar una licuación muy profunda. A eso se suma una recomposición tarifaria que, más allá de su lógica fiscal, alteró de manera drástica la estructura de gasto de los hogares. Energía, transporte y servicios pasaron a ocupar un porcentaje que no tiene antecedentes recientes. En paralelo, la actividad comercial —especialmente en ciudades intermedias y pequeñas, donde el Estado y el consumo local son motores— muestra signos claros de fatiga.

En ese escenario, la pregunta no es ideológica sino aritmética: ¿quién puede hoy sostener un crédito hipotecario?

Porque un crédito no es una foto, es una película. Exige previsibilidad de ingresos durante años, estabilidad laboral y una relación ingreso/cuota que no se desborde ante cualquier variación. Y esa condición, hoy, no describe a la mayoría.

Por eso, cuando aparecen casos de acceso a créditos en condiciones ventajosas por parte de funcionarios o sectores muy informados, lo que se tensiona no es solo la equidad sino la credibilidad del sistema. No hace falta probar una irregularidad para que se instale una percepción: la de que hay una economía para quienes tienen información y otra para quienes solo reciben las consecuencias de las decisiones.

Ahí es donde el discurso sobre “la casta” encuentra un terreno fértil, incluso cuando proviene de actores que no necesariamente estuvieron al margen de esas lógicas. La política, en ese punto, paga un costo acumulado: años de privilegios, de accesos diferenciales y de reglas que no siempre fueron iguales para todos.

El gobierno de Javier Milei encaró un ajuste que, en términos fiscales, apunta a corregir desequilibrios profundos heredados. Esa decisión tiene una racionalidad que muchos comparten.

Pero el modo en que se distribuyen los costos y, sobre todo, los beneficios de la transición es lo que empieza a definir el clima social.

Si el crédito hipotecario se convierte en una herramienta accesible para una minoría bien posicionada, pierde su carácter de política de desarrollo y pasa a ser un símbolo de desigualdad. Si, en cambio, logra expandirse sobre bases reales —ingresos recuperados, inflación controlada, empleo más estable— puede ser parte de una salida.

Hoy, todavía, está más cerca de lo primero que de lo segundo.

Y ahí aparece el segundo plano del que hablábamos al inicio: el de la percepción.

Porque las sociedades no reaccionan solo a los datos, sino a lo que sienten que esos datos significan en su vida concreta.

Cuando la distancia entre el discurso de normalización y la experiencia diaria se agranda demasiado, lo que se erosiona no es solo el bolsillo, sino la confianza.

En definitiva, el crédito hipotecario no es el problema. El problema es si hay —o no— una economía capaz de sostenerlo más allá de los márgenes del poder, es decir, una economía que no resulte en herramienta de unos pocos privilegiados.

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