Techo Digno y la justicia tardía: cuando los juicios llegan una década después
La causa conocida como “Techo Digno” en Bariloche vuelve a escena judicial después de casi diez años. El expediente, que investiga presuntas irregularidades en certificaciones de obra de viviendas financiadas con fondos públicos, finalmente llega a juicio con la exintendenta María Eugenia Martini entre los acusados y con figuras políticas de peso convocadas como testigos.
Pero más allá de lo que determine el tribunal —que es lo que corresponde esperar en un Estado de derecho— el caso deja planteada una pregunta incómoda: ¿qué significa para una sociedad que una causa de este tipo llegue a juicio una década después de los hechos?
La demora judicial no es un detalle técnico. Es, probablemente, uno de los factores más corrosivos para la vida institucional argentina.
Cuando una causa tarda diez años en llegar a juicio, el contexto político ya cambió por completo. Los gobiernos que tomaron las decisiones ya no están, los funcionarios siguieron otros caminos y la sociedad, inevitablemente, perdió el hilo de los acontecimientos que originaron la investigación. Lo que debería haber sido una discusión pública sobre responsabilidades administrativas y políticas termina convertido en un expediente tardío que pocos recuerdan en detalle.
En el camino, además, las causas suelen transformarse. Empresarios que inicialmente estaban imputados resuelven su situación mediante acuerdos judiciales, algunos acusados quedan fuera del proceso por distintas razones procesales y los expedientes llegan al juicio oral reducidos a una parte de lo que originalmente se investigaba.
Todo esto puede ser legal. Pero no necesariamente es saludable para la credibilidad institucional.
Porque cuando la justicia llega demasiado tarde, la percepción social suele ser siempre la misma: que los hechos quedaron diluidos en el tiempo.
La Argentina arrastra desde hace décadas un problema estructural en este terreno. El Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado que prácticamente no tiene controles políticos directos por parte de la ciudadanía. Los gobiernos se eligen y se reemplazan en elecciones. El Congreso se renueva periódicamente. En cambio, la justicia funciona con una lógica mucho más cerrada, donde los tiempos internos del sistema suelen estar muy lejos de las urgencias de la sociedad.
Esto no significa que cada causa tenga una conclusión predeterminada ni que los tribunales deban responder a climas políticos. Pero sí plantea una cuestión institucional de fondo: la justicia que tarda demasiado en resolver pierde una parte de su capacidad de ordenar la vida pública.
La causa Techo Digno en Bariloche puede terminar con condenas, absoluciones o decisiones intermedias. Eso lo determinará el juicio. Pero cualquiera sea el resultado, el caso vuelve a poner sobre la mesa un debate que la Argentina evita desde hace mucho tiempo.
El debate sobre la responsabilidad del Poder Judicial en la calidad institucional del país.
Porque las democracias no se sostienen solamente con elecciones. También necesitan instituciones capaces de actuar con eficacia, claridad y tiempos razonables.
Cuando eso no ocurre, el problema deja de ser una causa judicial específica. Pasa a ser un problema del sistema.
