La corrupción invisible – Hablemos del Banco Central
Hay una corrupción que todos reconocemos de inmediato.
Es la del funcionario que, después de pasar por el Estado, aparece con campos, edificios, empresas o cuentas bancarias imposibles de explicar. Es la corrupción que tiene rostro, nombres propios y expedientes judiciales.
Pero existe otra, mucho más silenciosa.
Es la que se produce cuando un gobierno vive por encima de sus posibilidades. Cuando gasta más de lo que recauda de manera permanente. Cuando convierte recursos excepcionales en gastos permanentes. Cuando utiliza herramientas del Estado para postergar problemas en lugar de resolverlos.
En esos casos, el dinero no desaparece ni necesariamente termina en el patrimonio de un funcionario. Sin embargo, alguien paga la cuenta.
La pagan los jubilados cuando sus ingresos pierden poder adquisitivo. La pagan los trabajadores cuando la inflación les licúa el salario. La pagan las empresas cuando la incertidumbre frena inversiones. La pagan los jóvenes cuando heredan un país con menos oportunidades que el que recibieron sus padres.
Por eso conviene distinguir entre dos debates diferentes.
Uno es el de la corrupción entendida como enriquecimiento ilícito, que debe investigarse y castigarse cuando existan pruebas.
El otro es el de la responsabilidad política y económica de quienes administran recursos que no les pertenecen, sino que pertenecen a toda la sociedad.
No toda mala administración constituye un delito. No todo despilfarro termina en una condena judicial. Pero eso no significa que sea gratuito. Las consecuencias llegan igual, aunque lo hagan con demora.
Las familias saben que vivir indefinidamente por encima de sus ingresos tiene un final conocido. Con los Estados ocurre algo parecido. Durante un tiempo puede parecer que todo funciona. Hay obras, anuncios, consumo y celebraciones. Pero, tarde o temprano, la realidad presenta la factura.
Y esa factura nunca la paga un gobierno. La pagan los ciudadanos.
Quizás por eso la discusión que hoy se abre sobre el Banco Central y las reglas fiscales va mucho más allá de una reforma técnica. En el fondo, plantea una pregunta mucho más simple: ¿queremos un Estado que pueda seguir trasladando el costo de sus decisiones al futuro, o uno obligado a vivir dentro de sus posibilidades?
Es una discusión que excede a un gobierno. Tiene que ver con el tipo de país que la Argentina quiere construir para las próximas generaciones.
