Un derecho vital en juego
El Defensor del Pueblo de Viedma rechaza el intento nacional de derogar la Ley de Zona Fría
En un enérgico pronunciamiento alineado con el reclamo de sus pares de todo el país, el Defensor del Pueblo del Municipio de Viedma manifestó su absoluto rechazo a la decisión del Gobierno nacional de avanzar en el Congreso con la derogación y modificación de la Ley 27.637 de Zona Fría. La iniciativa oficialista, orientada a un drástico recorte de los subsidios energéticos territoriales para transformarlos en un esquema de focalización por ingresos, encendió las alarmas ante la inminente llegada de los meses más duros del año.
Pérez Morando remarcó que “esta normativa no constituye bajo ningún punto de vista un privilegio, un beneficio discrecional o una concesión política. Por el contrario, se trata de una expresión concreta de justicia tarifaria y de un derecho adquirido que resguarda de manera directa la dignidad humana. En regiones de rigurosidad climática extrema como la Patagonia, el acceso al gas natural deja de ser un servicio de confort para convertirse en un recurso vital de supervivencia, indispensable para la salud y el bienestar de los hogares”.
El Defensor viedmense recordó que “el régimen de Zona Fría no nació de un despacho burocrático, sino que es el resultado genuino de una histórica lucha colectiva. Fueron años de gestiones transversales, articuladas por asociaciones de consumidores, redes de Defensorías del Pueblo y las propias comunidades locales, quienes lograron que el Estado nacional reconociera técnicamente la rigurosidad climática como una desigualdad estructural”.
“Pretender legislar bajo un criterio uniforme para realidades geográficas completamente dispares es una profunda injusticia material”, señaló Pérez Morando, criticando la iniciativa impulsada por el Ejecutivo Nacional.
De concretarse la quita del beneficio automático, que actualmente garantiza descuentos clave en las facturas residenciales, miles de vecinos de Viedma y de toda la Patagonia sufrirán una desproporcionada carga financiera en la época más fría del año. Para el Defensor “la medida empujará irreversiblemente a numerosas familias trabajadoras y de sectores medios hacia la pobreza energética, forzándolas a elegir entre calefaccionar de forma segura sus viviendas o cubrir necesidades básicas elementales como la alimentación y la salud”.
“La energía en el sur argentino es sinónimo de vida, y los derechos conquistados por la comunidad organizada no pueden ser sacrificados en pos de un ajuste fiscal de espaldas a la realidad social”, cerró Pérez Morando.
En la misma línea la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) exhortó formalmente al Gobierno Nacional y a los legisladores a revisar el alcance de estas medidas y a preservar la Ley 27.637. Desde el espacio federal recordaron que la defensa de los derechos de los usuarios, su salud e integridad física y económica constituye un mandato indelegable del Estado. Por lo tanto, resulta imperioso garantizar la sostenibilidad de los marcos normativos encargados de su protección.
